Las empresas de desarrollo de software que gestionan la atención al cliente están asumiendo, en la práctica, un riesgo legal directo derivado de la Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela, ya que el cumplimiento no depende de procesos teóricos, sino de la capacidad real del software para generar evidencias íntegras, trazables y auditables. Si el sistema no garantiza estos requisitos, el cliente final no podrá demostrar el cumplimiento ante una inspección o un juicio, lo que puede derivar en sanciones económicas relevantes y en reclamaciones contractuales hacia el propio proveedor tecnológico.

Desde un punto de vista técnico y pericial, este servicio permite identificar fallos estructurales que habitualmente pasan desapercibidos, como la posibilidad de manipulación de registros, la ausencia de logs fiables, la falta de sellado temporal o la inexistencia de evidencias de comunicación con el cliente. Estos riesgos no solo tienen impacto sancionador, sino que comprometen directamente la capacidad de defensa jurídica de la empresa, trasladando el problema del ámbito operativo al ámbito legal y reputacional.

Además, la auditoría y certificación aporta un valor diferencial claro en el mercado, permitiendo a las empresas posicionar su software como una solución preparada para el cumplimiento normativo, algo cada vez más exigido por grandes clientes, sectores regulados y procesos de contratación. Convertir el cumplimiento en una funcionalidad del producto no solo reduce riesgos, sino que mejora la competitividad, facilita la venta y refuerza la confianza del mercado en la solución tecnológica.