En los últimos años, el marco normativo español en materia de facturación electrónica y software de gestión ha dado un giro radical con la entrada en vigor del artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria, el Real Decreto 1007/2023 y las obligaciones derivadas del sistema VeriFactu. Estas normas, junto con el histórico Real Decreto 1619/2012 que regula las obligaciones de facturación, han establecido un entorno legal complejo y exigente al que deben adaptarse todas las empresas que desarrollan o comercializan software de facturación.
Muchas empresas de desarrollo, especialmente aquellas que tradicionalmente no han estado sujetas a entornos regulatorios tan rigurosos, intentan abordar por sí solas el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, en nuestra experiencia como auditores especializados, este enfoque conlleva un riesgo significativo: el incumplimiento no suele detectarse hasta que la Agencia Tributaria ejerce sus facultades de control o hasta que se exige la interoperabilidad del software con terceros homologados. En ese momento, los errores pueden salir muy caros.
La normativa no es únicamente técnica. Afecta profundamente a cuestiones legales, contractuales, contables, tributarias y organizativas. No se trata solo de generar un XML con determinada estructura. Se exige inalterabilidad, trazabilidad, conservación, firma electrónica, validaciones fiscales, correcta identificación del obligado tributario, control de versiones del software y documentación técnica verificable. Además, el Real Decreto 1619/2012, aún plenamente vigente, establece condiciones muy concretas sobre la emisión, rectificación y conservación de facturas que deben cumplirse a rajatabla para que un sistema sea considerado legal.
Intentar cumplir esta legislación sin asesoramiento experto puede ser un error estratégico. Las sanciones previstas para el incumplimiento pueden alcanzar los 50.000 euros por cada cliente al que se proporcione un software no conforme, e incluso implicar consecuencias legales para los administradores de la empresa desarrolladora.
Desde nuestro equipo, ofrecemos un servicio de auditoría y asesoramiento integral que ya ha sido confiado por más de 300 empresas de desarrollo de software en España. Llevamos más de cuatro años trabajando exclusivamente en este ámbito, colaborando directamente con responsables técnicos, jurídicos y tributarios para garantizar que los productos cumplen de forma completa y trazable con todos los requerimientos normativos.
Contamos con una metodología propia de auditoría dividida en tres fases: comprensión del funcionamiento técnico y funcional del software, análisis normativo de casos de uso y tecnologías implicadas, y mapeo de cumplimiento basado en más de 200 controles específicos derivados del marco legal. Esta metodología nos permite detectar debilidades, acompañar a los equipos en su corrección y ofrecer informes técnicos válidos ante clientes, partners y la propia Agencia Tributaria.
Cumplir la Ley Antifraude y Veri*Factu no es una cuestión que se resuelva con una lectura superficial del BOE ni con un cambio de última hora en la codificación del software. Es una responsabilidad empresarial seria, que requiere experiencia, criterios técnicos y rigor jurídico. No estás solo: nosotros estamos aquí para ayudarte.
