Desde la aprobación de la Ley 11/2021, más conocida como Ley Antifraude, y su posterior desarrollo mediante el Real Decreto 1007/2023, el sector tecnológico vinculado al software contable y de facturación en España ha tenido que afrontar un reto legal y técnico sin precedentes.
Esta normativa impone nuevos requisitos de seguridad, trazabilidad y control sobre los sistemas que gestionan procesos de facturación, contabilidad y gestión tributaria. El objetivo: prevenir el fraude fiscal desde el diseño del software.
Más de 4.000 horas dedicadas a auditoría y consultoría especializada
En estos últimos años, diversas firmas de auditoría independientes han centrado su trabajo en verificar que los sistemas informáticos cumplen los artículos 29.2.j) y 201 bis de la Ley General Tributaria. Estas auditorías incluyen más de 200 puntos de control, evaluando aspectos como:
- Inalterabilidad de los datos.
- Integridad de los registros.
- Accesibilidad, trazabilidad y conservación segura.
- Prevención del borrado, manipulación o doble contabilidad.
Más de 300 empresas tecnológicas ya se han auditado
Según datos del sector, ya son más de 300 las empresas desarrolladoras que han sometido sus productos a revisión técnica con el objetivo de cumplir con la normativa antes del 1 de julio de 2025, cuando se hará plenamente exigible.
Esta cifra incluye tanto pymes tecnológicas como grandes proveedores de software empresarial, muchos de ellos con soluciones comercializadas a miles de usuarios finales en todo el país.
Formación y divulgación: más de 1.200 profesionales formados
Además de la labor técnica, ha sido clave la formación continua a desarrolladores, implantadores y responsables de cumplimiento. A través de más de 50 sesiones informativas, tanto públicas como privadas, se ha capacitado a más de 1.200 profesionales sobre las implicaciones legales, técnicas y fiscales de la Ley Antifraude.
Uno de los hitos más importantes ha sido la organización del primer webinar conjunto con representantes de la AEAT, en el que se explicaron los aspectos operativos del sistema VERI*FACTU y los criterios de auditoría que se aplicarán.
La Ley Antifraude va mucho más allá de enviar facturas
Una de las ideas más relevantes tratadas en estos foros ha sido que cumplir con Veri*Factu no equivale a cumplir con toda la Ley Antifraude. Este sistema representa solo una parte del reglamento. El marco legal incluye también obligaciones como:
- El diseño de sistemas inalterables.
- La conservación de registros auditables.
- La prevención de comportamientos manipulativos.
- La trazabilidad documental completa.
- El cumplimiento del artículo 201 bis, aunque no se emitan facturas electrónicas.
Conclusión: anticiparse es la mejor estrategia
Las cifras demuestran que una parte importante del sector ya se está preparando. Pero también que todavía queda un número significativo de desarrolladores que no han comenzado el proceso de auditoría.
El mensaje es claro: la Ley Antifraude está en vigor, y el plazo de adecuación vence el 1 de julio de 2025. La adaptación no es opcional, y retrasarla puede suponer sanciones económicas, pérdida de confianza comercial y posibles responsabilidades legales.
Si tu empresa desarrolla o distribuye software de facturación o contabilidad, lo más recomendable es iniciar un proceso de verificación con una firma especializada. Cumplir a tiempo no solo evita sanciones, también demuestra compromiso, profesionalidad y seguridad jurídica ante clientes y organismos.
