El anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, que busca reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, incluye también disposiciones sobre el registro de jornada y el derecho a la desconexión. Sin embargo, estas medidas han generado inquietud entre las empresas, especialmente en lo que respecta al control horario en remoto y digital.
Preocupaciones de la CEOE sobre la ciberseguridad
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha expresado su preocupación por los «problemas de ciberseguridad» que podría acarrear el nuevo sistema de control horario. Según la patronal, permitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceder en remoto a los registros de jornada podría derivar en riesgos significativos para las empresas, incluyendo la exposición de secretos industriales, patentes y datos personales de los trabajadores.
La CEOE argumenta que, aunque se garantizara una seguridad absoluta en el acceso remoto, lo cual considera prácticamente imposible, seguirían existiendo riesgos inherentes que podrían comprometer la privacidad e intimidad de las personas trabajadoras. Además, recuerda el ciberataque sufrido por el Ministerio de Trabajo que afectó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como ejemplo de las vulnerabilidades existentes.
Respuesta del Ministerio de Trabajo
Yolanda Díaz ha reconocido públicamente la preocupación manifestada por los empresarios en relación con el control horario en remoto y digital. En una entrevista reciente, la ministra señaló que este aspecto es «lo que más preocupa a la patronal», que alega «razones de ciberseguridad» para rechazarlo. No obstante, el Ministerio considera que este control es clave para los pleitos que puedan surgir en el ámbito laboral.
Propuestas y condiciones de la CEOE
La CEOE sugiere que, para preservar la seguridad de la información, el acceso a los resúmenes del registro de jornada por parte de la representación legal de los trabajadores debería realizarse desde el lugar indicado por la empresa. Se opone, sin embargo, a que los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puedan acceder a los datos del registro «de forma inmediata», «en remoto» y «en cualquier momento», como establece el anteproyecto.
Además, la patronal defiende que «la interoperabilidad y el acceso remoto sugieren la existencia de otro tipo de intereses», ya que se pretende imponer la obligación de disponer de una herramienta que facilite dichos accesos. Añade que, a menos que el Ministerio de Trabajo proporcione a todas las empresas registradas en la Seguridad Social, con medios propios y de forma gratuita, dicha herramienta, esta imposición resulta inaceptable.
Conclusión
El debate sobre el control horario en remoto y digital continúa generando tensiones entre el Gobierno y las organizaciones empresariales. Mientras el Ministerio de Trabajo considera esencial esta medida para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral y el derecho a la desconexión, la CEOE advierte sobre los riesgos de ciberseguridad y privacidad que podría implicar su implementación sin las garantías adecuadas.
